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Guía prácticaNo hay que adivinar qué poner. La ley trae la lista completa en el artículo 14 ter, y son doce puntos. El problema no es encontrarlos: es que siete de ellos solo los puede responder quien conoce el negocio por dentro.
El artículo 14 ter obliga a mantener esta información permanentemente a disposición del público, en el sitio web o en un medio equivalente.
El texto oficial completo, citado literal, está en la guía de la Ley 21.719.
Cinco de los doce son texto legal que se redacta parecido para cualquier sitio. Los otros siete describen un negocio concreto.
Razón social y RUT. Quién revisa las solicitudes. Para qué se usan realmente los correos que llegan. Con quién se comparten. Dónde están alojados. Cuánto tiempo se guardan. Qué se decide de forma automatizada.
Por eso una política descargada de internet no cumple: describe un negocio que no es el tuyo. Y por eso la política se escribe después de levantar dónde están los datos, no antes.
"Los datos se eliminan a los dos años" es una obligación desde que se publica. Si ningún proceso los elimina, la promesa incumplida es la infracción. Todo plazo declarado necesita algo que lo cumpla solo.
Copiar una política larga suma cláusulas sobre cosas que el negocio no hace. Declarar de más es tan incorrecto como omitir: describe un tratamiento falso.
Si la política ofrece eliminar la cuenta, tiene que borrarse todo. En bases de datos documentales, borrar un documento no borra sus subcolecciones: la ficha desaparece de la pantalla y los datos siguen ahí.
El punto (a) del artículo las exige, y sin ellas no hay forma de demostrar qué texto aceptó cada usuario ni de volver a pedir el consentimiento cuando el texto cambia.
Son dos cosas distintas y hacen falta las dos. La política informa. El consentimiento es el acto por el cual la persona autoriza, y debe ser libre, informado, específico e inequívoco.
En la práctica: casilla desmarcada que la persona marca, enlace a la política junto a la casilla, y el envío bloqueado hasta que la marque. Nada de casillas premarcadas, nada de "al continuar aceptas" y nada de deducirlo del silencio. Y si el tratamiento incluye datos sensibles —salud, situación económica, biometría, entre otros—, ese consentimiento va aparte del general.
El artículo 14 ter de la Ley 21.719 fija doce puntos: la política con su fecha y versión, la identificación del responsable y su representante legal, el canal para recibir solicitudes, los datos que trata y sus finalidades, las medidas de seguridad, los derechos del titular, el derecho a recurrir ante la Agencia, las transferencias internacionales, el plazo de conservación, el origen de los datos, el derecho a retirar el consentimiento y la existencia de decisiones automatizadas.
Como estructura sí; como texto final no. Siete de los doce puntos describen el negocio concreto: razón social y RUT, quién atiende las solicitudes, para qué se usan los datos, con quién se comparten, dónde están alojados, cuánto se conservan y qué se decide automáticamente. Una plantilla los deja genéricos o los inventa, y una política que describe un tratamiento que no es el tuyo incumple igual que no tener ninguna.
No. La política informa qué se hace con los datos; el consentimiento es el acto por el que la persona autoriza ese tratamiento, y debe ser libre, informado, específico e inequívoco. Hacen falta los dos: publicar la política no reemplaza pedir la autorización.
Sí, el primer punto del artículo 14 ter las exige expresamente. Además tienen un uso práctico: sin versión no se puede demostrar qué texto aceptó cada usuario, ni volver a pedir el consentimiento cuando el texto cambia de forma relevante.
Permanentemente a disposición del público, de forma gratuita y de fácil acceso, en el sitio web o en otro medio de información equivalente. En la práctica eso significa un enlace visible desde cualquier página del sitio, no un documento que se entrega si alguien lo pide.
Levantamos qué datos trata tu sitio, redactamos la política a partir de eso y programamos lo que promete: los formularios, los plazos y la eliminación de cuenta.
ConversemosDiprojects es una agencia de diseño y desarrollo. Escribimos y programamos lo que la ley exige que el sitio tenga; la interpretación legal de tu caso la ve un abogado.